Grupo Iberoamericano se pronuncia sobre la inhabilitación de Delia Espinoza: "Rechazamos cualquier acto de corrupción"
El Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados, a través de su directora Adriana Orocu Chavarría, expresó su firme rechazo ante la sanción impuesta por el Congreso de la República de Perú contra la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza. En un comunicado titulado "En defensa de la autonomía e independencia del Ministerio Público de Perú", la presidenta de la organización mostró su preocupación por la inhabilitación aplicada el 3 de diciembre y cuestionó la legalidad de la medida, que fue tomada sobre la base de una "imputación falsa". La representante del Grupo Iberoamericano señaló que esta acción constituye un ataque directo a la autonomía del Ministerio Público, una institución esencial para la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho en el país. "Este acto debilita el marco democrático y el respeto a los derechos fundamentales", manifestó Orocu. Asimismo, el grupo subrayó que esta medida se adoptó a pesar de que el 27 de noviembre, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados denunció públicamente los graves ataques a la independencia de la Fiscal de la Nación. En ese contexto, se recordó que la persecución contra Espinoza, que incluye procedimientos disciplinarios, amenazas a su seguridad y la reducción de su escolta, constituye una amenaza para la imparcialidad de los procesos judiciales en el país. El Grupo Iberoamericano también recordó al Congreso que, conforme al artículo 158 de la Constitución Política de Perú, el Ministerio Público y la Fiscal de la Nación gozan de plena autonomía. Además, enfatizó que cualquier investigación disciplinaria debe llevarse a cabo respetando los estándares internacionales de estabilidad en el cargo, debido proceso y sin que intervengan motivaciones políticas que puedan desvirtuar la finalidad de la investigación. Finalmente, el Grupo Iberoamericano reafirmó su rechazo a cualquier acto de corrupción y especialmente aquellos que buscan manipular el sistema de justicia para obtener beneficios personales o de grupos, lo cual solo contribuye a la deslegitimación del sistema ante la opinión pública. En este sentido, instó a todas las autoridades peruanas a respetar el principio de separación y equilibrio de poderes, así como la autonomía de los órganos constitucionales en sus respectivas actuaciones.
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