La petrolera se encuentra en un proceso de reestructuración que, a sugerencia de los analistas, debe seguir en marcha. Petroperú, la empresa que le ha costado al Estado alrededor de S/32,000 millones (incluido el último rescate por US$2,000 millones), vuelve a estar en el centro de la polémica. Mientras un sector de la clase política insiste en otorgarle nuevos apoyos financieros, la situación de la petrolera estatal resulta más compleja de lo que se creía. La empresa acumula cuatro años consecutivos de pérdidas, incluso mayores a las reportadas inicialmente. En febrero, la estatal informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) una pérdida neta de US$468.3 millones. Sin embargo, la auditoría realizada por PwC reveló que el resultado ascendía a US$601.5 millones, es decir, más de US$130 millones por encima de lo informado originalmente. Recientemente, el presidente de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, explicó que la diferencia obedecía al reconocimiento contable de una contingencia tributaria vinculada al impuesto de rodaje correspondiente a los años 2019 y 2020, incorporada tras una resolución del Tribunal Fiscal. No obstante, más allá de ese ajuste, el balance financiero sigue siendo negativo. Lizarzaburu también atribuyó parte de las dificultades de la empresa para acceder al abastecimiento de petróleo a la pérdida de confianza de algunos proveedores, situación que, según afirmó, habría sido alimentada por declaraciones de analistas sobre el estado de la compañía. Para el exministro de Economía y Finanzas (MEF) David Tuesta, esa explicación refleja desconocimiento y una falta de reconocimiento de los problemas estructurales que enfrenta la estatal.