E l M i n i s t e r i o d e Relaciones Exteriores emitió un pronunciamiento oficial para precisar el alcance jurídico de la opinión difundida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), respecto a la situación del expresidente Pedro Castillo. A través de un comunicado, la Cancillería explicó que el documento emitido por dicho mecanismo internacional no constituye una sentencia internacional ni genera obligaciones jurídicas vinculantes para el Estado peruano, por lo que no tiene la capacidad de modificar las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales en el proceso que afronta el exmandatario. La institución precisó que las opiniones y recomendaciones formuladas por este grupo de trabajo forman parte de un procedimiento especial del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas y, en consecuencia, carecen de efectos directos sobre el ordenamiento jurídico interno del Perú. Asimismo, enfatizó que las recomendaciones emitidas no tienen naturaleza jurisdiccional y, por tanto, no pueden revocar resoluciones judiciales, fiscales o administrativas adoptadas por las autoridades competentes del país. M e c a n i s m o d e supervisión En su pronuncia - miento, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es un Procedimiento Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, integrado por expertos independientes cuya función consiste en analizar denuncias individuales y formular recomendaciones a los Estados en materia de derechos humanos. La Cancillería señaló que este órgano desarrolla una labor de supervisión y promoción del diálogo internacional, pero no ejerce funciones judiciales ni emite decisiones de cumplimiento obligatorio, conforme a las normas del derecho internacional público. En ese sentido, reiteró que la situación legal del expresidente Pedro Castillo continuará siendo resuelta dentro del marco constitucional y legal del Perú, mediante los procedimientos establecidos por las autoridades competentes del sistema de administración de justicia. Con este pronunciamiento, el Gobierno peruano buscó precisar el alcance de la opinión emitida por el organismo de las Naciones Unidas y reafirmó que las investigaciones y procesos judiciales en curso seguirán desarrollándose de acuerdo con la legislación nacional y la independencia de las instituciones encargadas de administrar justicia.