Una denuncia penal y constitucional involucraría a dos altos magistrados del Poder Judicial por presuntas acciones orientadas a influir en el desarrollo del proceso de prescripción adquisitiva del denominado Fundo Tabernas, ubicado en el distrito de Pucalá, en la región Lambayeque. De acuerdo con la denuncia y con fuentes vinculadas a la investigación fiscal, los magistrados señalados serían el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Javier Arévalo, y el actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Edilberto Bravo Llaque, quienes habrían ejercido presuntas presiones sobre magistrados encargados del proceso judicial. Según la hipótesis que manejaría el Ministerio Público, ambos funcionarios habrían utilizado su posición institucional y presuntas redes de influencia para intervenir en las decisiones de jueces de menor jerarquía que conocen el caso. Las diligencias buscarían determinar si dichas acciones habrían tenido como propósito afectar el desarrollo del proceso y favorecer presuntamente los intereses de un empresario vinculado al litigio de tierras. Especialistas en derecho consultados sobre este tipo de casos señalan que, de comprobarse una intervención indebida de altos magistrados en las decisiones de otros jueces, los hechos podrían configurar presuntos delitos como tráfico de influencias u otros vinculados con la administración de justicia. Las investigaciones preliminares estarían orientadas a verificar registros de comunicaciones, reuniones y otros elementos que permitan establecer si existieron coordinaciones irregulares o cualquier forma de direccionamiento indebido del proceso judicial. Asimismo, las autoridades buscarían esclarecer si habrían existido ofrecimientos, presiones o cualquier otro mecanismo destinado a influir en las decisiones jurisdiccionales. Diversos colectivos ciudadanos, asociaciones de agricultores y representantes del sector jurídico de Lambayeque habrían expresado su preocupación por el caso y solicitan que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la Fiscalía de la Nación evalúen la adopción de medidas de control que permitan garantizar la independencia judicial, el debido proceso y la transparencia de las investigaciones. Los denunciantes consideran que dichas instituciones deberían determinar si existió alguna actuación irregular por parte de los magistrados mencionados y establecer las responsabilidades correspondientes en caso de que los hechos denunciados lleguen a comprobarse. Hasta el cierre de esta edición, no se había conocido un pronunciamiento oficial de los magistrados Javier Arévalo y Edilberto Bravo Llaque respecto a las imputaciones formuladas en su contra. Tampoco se había difundido una posición institucional del Poder Judicial sobre la denuncia. Esta información permanece en desarrollo y podría actualizarse conforme se conozcan las versiones oficiales de las partes involucradas y el avance de las investigaciones.