La Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó, por unanimidad, la destitución de Ricardo Eustaquio Sáenz Pascual, quien se desempeñaba como presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca y juez superior de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, tras concluir un procedimiento disciplinario por hechos que, según la resolución del órgano constitucional, constituirían faltas muy graves. De acuerdo con la resolución emitida por la JNJ, el magistrado habría incurrido, presuntamente, en conductas relacionadas con el favorecimiento de un procesado durante el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. La decisión se sustenta en la valoración de los elementos recopilados dentro del procedimiento disciplinario. Según el expediente disciplinario N.° 070-2025-JNJ, los hechos investigados se remontarían a septiembre de 2021 y estarían vinculados al proceso seguido contra Willan Moreno Sánchez, investigado por su presunta participación en la organización criminal "Los Sanguinarios de Huacraruco" y por un caso de homicidio. La resolución señala que interceptaciones telefónicas incorporadas al expediente revelarían que familiares del procesado habrían mencionado la posibilidad de gestionar una revisión del caso a través del entonces magistrado. Asimismo, la JNJ sostiene que existiría un presunto vínculo familiar entre el entorno del investigado y el juez destituido. De igual manera, el órgano disciplinario consideró que existirían indicios de una presunta coordinación para reunir 40 mil soles antes de la audiencia en la que posteriormente se emitió una sentencia absolutoria a favor del procesado. No obstante, dichos elementos forman parte de la valoración efectuada por la JNJ dentro del procedimiento administrativo disciplinario y no constituyen, por sí mismos, una determinación de responsabilidad penal. La JNJ también concluyó que el magistrado debió inhibirse de conocer el caso debido al presunto vínculo con personas del entorno del investigado. Sin embargo, según la resolución, habría continuado interviniendo en el proceso y habría mantenido comunicaciones con un familiar del procesado, circunstancias que el órgano disciplinario consideró incompatibles con el deber de imparcialidad. Asimismo, la Junta señaló que el presunto uso de familiares como intermediarios no excluiría una eventual responsabilidad disciplinaria y precisó que, para este tipo de procedimientos, no sería indispensable acreditar una entrega directa de dinero al funcionario si existen otros elementos que, a criterio del órgano constitucional, podrían evidenciar una posible afectación al deber de imparcialidad. La destitución será ejecutada de manera inmediata. No obstante, Ricardo Eustaquio Sáenz Pascual podría interponer un recurso de reconsideración conforme a los mecanismos establecidos en la normativa vigente, mientras continúan las actuaciones que correspondan dentro del marco legal.