Pobladores del valle Pintuyacu anuncian bloqueo de carretera Tarapoto Yurimaguas
Pobladores del valle Pintuyacu distrito Caynarachi (Lamas), anuncian un paro indefinido con bloqueo de la carretera Tarapoto Yurimaguas a la altura del peaje IIRSA, se debe a una protesta contra el gobierno regional de San Martín por el incumplimiento de la ejecución de su carretera de 18 kilómetros, pese a que tiene un presupuesto de 76 millones de soles. En Tarapoto, declararon retrasos, así como presuntas irregularidades y falta de transparencia del gobierno regional de San Martín en el proyecto de mejoramiento de la carretera SM-660. Manifestaron que el caso está a cargo del frente de defensa del citado valle que empezará a la primera hora del lunes 20 de este mes de julio. Segundo Tangoa, presidente de este frente de defensa, aseguró que lo harán en protesta por el incumplimiento de la ejecución del proyecto de mejoramiento de su carretera vecinal y la construcción de tres puentes, cuya decisión fue unánime en una asamblea del pasado viernes 3 de julio, con presencia de representantes de los caseríos Convento, Pintuyaquillo, Pintuyacu, Nuevo Lamas y Copal. Los dirigentes cuestionaron los retrasos en la ejecución de la obra, la falta de información sobre el proceso de licitación y la ausencia de respuestas del gobierno regional. Denunciaron presuntas irregularidades en el expediente técnico, observaciones de la Contraloría que no fueron informadas oportunamente y la devolución de presupuestos destinado a la obra. De otra parte, los dirigentes que llegaron a Tarapoto, rechazan el acta del 15 de junio que se firmó en el municipio Pongo de Caynarachi, al que no lo consideran porque nunca fueron invitados a dicha reunión. El paro indefinido comenzará el 20 de julio a las 6 de la mañana en Convento y en la carretera Tarapoto-Yurimaguas, ya conformaron comisiones de movilización, logística y asesoría jurídica para coordinar acciones de protesta. Así mismo presentarán acciones administrativas, civiles y penales contra funcionarios que resulten responsables del presunto perjuicio ocasionado al Estado y a las comunidades afectadas.
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