La sentencia expone una fractura interna en el tribunal y obliga a la justicia a replantear las restricciones impuestas mientras avanza la investigación por presunta organización criminal y lavado de activos El habeas corpus sobre prisión preventiva de Vladimir Cerrón fue declarado fundado por el Tribunal Constitucional (TC), que anuló las resoluciones que mantuvieron esa medida en el proceso por organización criminal y lavado de activos. La sentencia también dejó sin efecto, por conexión, las decisiones que en 2023 y 2024 sustituyeron la comparecencia con restricciones por prisión preventiva. En concreto, el TC anuló la Resolución 8 del 3 de junio de 2025, que rechazó variar la prisión preventiva por comparecencia, y la Resolución 3 del 4 de julio de 2025, que la confirmó. Además, anuló por conexión la Resolución 4 del 18 de diciembre de 2023 y la Resolución 2 del 15 de enero de 2024, y dispuso que el órgano judicial dicte medidas alternativas para asegurar la presencia de Cerrón en el juicio y evitar actos de obstaculización procesal. La sentencia fue emitida en Lima el 3 de julio de 2026. El recurso había sido presentado por el abogado José Enrique Llumpo Agapito contra la resolución de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró improcedente la demanda. El caso cuestionaba actuaciones del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Para la mayoría del tribunal, las resoluciones impugnadas “vulneraron el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales”, en conexión con la libertad personal, según la resolución del TC. El Tribunal Constitucional de Perú anula la Resolución 8 que declaraba infundada la solicitud de variación de prisión preventiva para Vladimir Cerrón por presuntos delitos. (Tribunal Constitucional) Origen de la controversia judicial La secuencia procesal inició el 10 de noviembre de 2022, cuando el Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón. Sin embargo, el pedido fue rechazado el 25 de noviembre de ese año y el Poder Judicial le impuso comparecencia con restricciones, una caución de S/ 20.000 y reglas de conducta como no salir de su localidad sin autorización, acudir a controles biométricos e informar sus actividades. Esta decisión fue confirmada el 6 de enero de 2023.