Antecedentes de fiscalización ambiental colocan nuevamente bajo escrutinio las operaciones de la empresa en San Martín RIOJA, SAN MARTÍN.— Cementos Selva S.A.C., empresa dedicada a la fabricación de cemento y vinculada al grupo Cementos Pacasmayo, enfrenta una serie de antecedentes de fiscalización ambiental y cuestionamientos públicos relacionados con sus actividades industriales y de extracción de piedra caliza en la provincia de Rioja, región San Martín. Uno de los principales puntos de controversia se encuentra en la cantera Tioyacu, zona donde durante los últimos años se han registrado denuncias y actuaciones de las autoridades ambientales debido a la preocupación existente por el impacto de las actividades extractivas sobre el entorno natural y las fuentes de agua. La información oficial revisada permite identificar procedimientos administrativos en los que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) declaró la existencia de responsabilidad administrativa de Cementos Selva. Paralelamente, autoridades locales y ciudadanos han expresado preocupación por la proximidad de las operaciones extractivas respecto de la naciente del río Tioyacu. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DECLARADA POR EL OEFA Uno de los antecedentes más relevantes se encuentra en la Resolución N.° 2938-2023-OEFA/DFAI, publicada por el propio Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. El documento, fechado el 19 de diciembre de 2023, señala expresamente que se declaró la responsabilidad administrativa de Cementos Selva S.A. sin medida correctiva, de acuerdo con los fundamentos desarrollados en la resolución. Este antecedente resulta especialmente relevante porque se trata de una determinación emitida por el organismo estatal encargado de la fiscalización ambiental en el ámbito correspondiente. Sin embargo, para una lectura rigurosa del caso, es necesario precisar que una declaración de responsabilidad administrativa no debe confundirse automáticamente con una condena penal ni significa, por sí sola, que exista un delito. Se trata de un procedimiento dentro del ámbito de la fiscalización administrativa ambiental. EL CASO DE LA MULTA Y EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR En octubre de 2022, el OEFA informó públicamente que había explicado a periodistas de San Martín la problemática socioambiental existente en Rioja en relación con las actividades de extracción de piedra caliza de Cementos Selva. En esa comunicación oficial, el organismo indicó que el año anterior había impuesto a la empresa una multa de 3.132 UIT, equivalente en ese momento a S/ 14,407.02, y que evaluaba iniciar un nuevo procedimiento administrativo sancionador a raíz de incumplimientos identificados durante una supervisión a la planta y la cantera Tioyacu. No obstante, el historial administrativo requiere una precisión importante. En la Resolución N.° 202-2022-OEFA/TFA-SE, el Tribunal de Fiscalización Ambiental confirmó la existencia de responsabilidad administrativa de Cementos Selva respecto de determinadas conductas infractoras. Al mismo tiempo, declaró la nulidad de la resolución que había impuesto una multa total de 1,894 UIT, debido a un vicio relacionado con el debido procedimiento, ordenando retrotraer el procedimiento al momento en que se produjo dicho vicio. Por ello, cualquier publicación periodística debe diferenciar claramente entre responsabilidad administrativa declarada, multa impuesta inicialmente, nulidad de una sanción y el resultado final de los procedimientos posteriores. EL RÍO TIOYACU, EN EL CENTRO DE LA CONTROVERSIA El otro gran capítulo de esta historia se encuentra en la cantera Tioyacu. En enero de 2020, el entonces alcalde del distrito de Elías Soplín Vargas, Rosas Herrera Julón, denunció públicamente que la expansión de la cantera y las detonaciones utilizadas para la explotación de piedra caliza podían poner en riesgo el entorno de la naciente del río Tioyacu. Según la información publicada por Diario Voces, la autoridad señaló que unas 4,500 familias podrían verse afectadas y reclamó el rediseño del plan de extracción y la elaboración de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental que garantizara la protección de la fuente de agua. El cuestionamiento fue recogido posteriormente por el Business & Human Rights Resource Centre, que reprodujo el contenido de la denuncia periodística. En ese mismo registro se consigna la posición atribuida a representantes de Cementos Selva, quienes manifestaron su disposición al diálogo y señalaron que las actividades de explotación a cielo abierto no afectarían la naciente del Tioyacu. Este punto es fundamental: la posible afectación al río Tioyacu fue denunciada por una autoridad local, pero la denuncia no debe presentarse como una afectación ambiental definitivamente comprobada sin respaldo de una resolución técnica o judicial que así lo determine. DENUNCIAS AMBIENTALES REGISTRADAS Un informe de evaluación ambiental relacionado con Cementos Selva registra antecedentes de denuncias vinculadas a la cantera Tioyacu. Entre ellas aparece una denuncia de 2013 que señalaba un presunto impacto ambiental relacionado con la contaminación de aguas subterráneas que dan origen al río Tioyacu, atribuido por el denunciante a la ampliación de la cantera. También se registra una denuncia de 2019 que advertía sobre una presunta afectación ambiental derivada de las actividades extractivas de roca caliza en el entorno del acuífero Tioyacu y una posible afectación de la base del talud de apoyo del acuífero. Estos antecedentes evidencian que la preocupación ambiental en torno a la cantera no es reciente y que el área ha sido objeto de cuestionamientos durante varios años. Sin embargo, nuevamente corresponde hacer una precisión pericial: la existencia de una denuncia no equivale a la comprobación definitiva de los hechos denunciados. Para establecer una afectación ambiental se requiere conocer los resultados de las evaluaciones técnicas y los pronunciamientos de las autoridades competentes. UNA ZONA QUE HA SIDO OBJETO DE SUPERVISIÓN La propia información oficial del OEFA identifica las actividades de extracción de piedra caliza de Cementos Selva como parte de una problemática socioambiental en la provincia de Rioja. En octubre de 2022, el organismo señaló que había realizado acciones de fiscalización y que evaluaba nuevos procedimientos administrativos luego de identificar posibles incumplimientos durante una supervisión a la planta y la cantera Tioyacu. El dato resulta relevante porque demuestra que las controversias no se limitaron únicamente a declaraciones políticas o denuncias de autoridades locales: también existieron actuaciones de fiscalización ambiental por parte del organismo competente. EL NUEVO ESCENARIO: OPERACIONES Y CAMBIOS EN LA CANTERA El seguimiento periodístico del caso también debe considerar las modificaciones y proyectos relacionados con las operaciones de la empresa. En este contexto, las actuaciones administrativas de PRODUCE relacionadas con la planta y la cantera constituyen un punto de interés para conocer qué nuevas instalaciones o modificaciones han sido autorizadas y cuáles son las obligaciones ambientales que debe cumplir la empresa. La investigación periodística debería concentrarse especialmente en determinar si las nuevas operaciones implican una ampliación de la capacidad extractiva, qué sistemas de control ambiental se han establecido y qué resultados arrojan los programas de monitoreo. EL PUNTO QUE DEBE ACLARARSE El caso de Cementos Selva presenta, por tanto, varios elementos que justifican un seguimiento periodístico. Por un lado, existen resoluciones oficiales del OEFA que declaran responsabilidad administrativa. Por otro, existe un historial de procedimientos sancionadores en los que algunas sanciones fueron posteriormente cuestionadas o anuladas por razones de procedimiento, por lo que no resulta correcto presentar todas las multas mencionadas en documentos anteriores como sanciones definitivas. A ello se suman las denuncias públicas relacionadas con la cantera Tioyacu y el temor expresado por autoridades locales respecto de una eventual afectación a la fuente de agua. La pregunta central que queda abierta para las autoridades y la población es si las actuales operaciones de extracción cumplen estrictamente con todas las obligaciones ambientales vigentes y si los mecanismos de monitoreo garantizan que la actividad industrial no genere impactos sobre las fuentes de agua y el ecosistema de la zona. CONCLUSIÓN El historial de Cementos Selva muestra una empresa que ha sido objeto de fiscalización ambiental, procedimientos administrativos y cuestionamientos públicos, especialmente alrededor de sus actividades industriales y extractivas en Rioja. El antecedente más contundente es la existencia de resoluciones del OEFA que declararon responsabilidad administrativa. A ello se suma el historial de la cantera Tioyacu, escenario de denuncias ambientales y preocupación de autoridades locales por la cercanía de las operaciones con la naciente del río.