Juan Manuel Cavero juró como nuevo ministro de Justicia tras la salida de Juan José Santiváñez
Este jueves 2 de octubre, Juan Manuel Cavero Solano asumió oficialmente el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Juan José Santiváñez, quien renunció tras permanecer apenas 39 días en el puesto. La presidenta Dina Boluarte le tomó juramento en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, en presencia del Consejo de Ministros. Cavero ya se venía desempeñando como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia. Durante la breve gestión de Santiváñez, también fue nombrado miembro del consejo directivo de la Procuraduría General del Estado, reemplazando a la procuradora ad hoc Silvana Carrión, quien encabezaba la defensa del Estado en el caso Odebrecht. Esta decisión fue duramente cuestionada por diversos sectores, que denunciaron un debilitamiento institucional en la lucha contra la corrupción. La renuncia de Santiváñez ocurrió en un contexto de creciente presión política. Si bien alegó su interés en postular a un cargo en las elecciones generales de 2026, su salida se produjo apenas minutos antes de que el Congreso acordara incluir en agenda una moción de censura en su contra. Además, días antes, el programa Panorama difundió un audio en el que se le escucha conversar con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, sobre presuntas coordinaciones para favorecer a un agente vinculado a la organización criminal ‘Los Pulpos’. Cavero Solano es abogado por la Universidad de Lima, con estudios de maestría en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico, y diversas especializaciones en derecho administrativo, gestión pública y uso de tecnologías aplicadas al sector público. En el Estado ha ocupado cargos de alta responsabilidad: fue intendente legal en la Sunat, gerente en Emape y el SAT, funcionario en la ATU y el MEF, y asesor jurídico del Gobierno Regional del Callao. El nuevo titular del Minjusdh asume el cargo en un momento marcado por tensiones políticas, cuestionamientos a la independencia de la Procuraduría y una creciente demanda por una reforma estructural del sistema judicial.