El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, anunció un proyecto de ley que busca considerar como delito la posesión de mensajes, imágenes u otras comunicaciones de contenido extorsivo, como parte de una estrategia para fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales. Según explicó, la iniciativa permitiría que durante una intervención policial, si a una persona investigada se le encuentra en su teléfono contenido relacionado con actos de extorsión, este elemento pueda ser utilizado para iniciar acciones penales. "Necesitamos ser más agresivos", sostuvo Colchado al explicar que su propuesta toma como referencia la lógica de otros delitos en los que la sola posesión de determinado material puede generar responsabilidad penal. El legislador señaló que, de aprobarse la iniciativa, no sería indispensable esperar una denuncia de la víctima para iniciar una investigación cuando se encuentre material extorsivo en poder de un intervenido. Proyecto surge de reuniones con policías Colchado indicó que la propuesta fue elaborada a partir de reuniones con agentes especializados en la investigación de extorsión, secuestro y otros delitos violentos. El objetivo, según explicó, es brindar nuevas herramientas legales a la Policía y al Ministerio Público para actuar frente a las organizaciones criminales que utilizan teléfonos y plataformas digitales para amenazar y exigir pagos a sus víctimas. Buscan ampliar intervención de comunicaciones El diputado también anunció un segundo proyecto de ley orientado a ampliar el periodo de intervención legal de las comunicaciones durante investigaciones contra organizaciones criminales. Colchado cuestionó que la legislación actual establezca un periodo inicial de dos meses, con una sola ampliación por otros 60 días. A su criterio, este plazo puede resultar insuficiente para investigaciones complejas relacionadas con bandas criminales. La propuesta busca que la intervención de las comunicaciones pueda mantenerse durante el periodo que dure la investigación criminal, siempre bajo las autorizaciones y controles establecidos por la ley. "Ese teléfono del extorsionador ya no lo vamos a tener solo cuatro meses, sino el plazo que dure la investigación criminal", afirmó. Propuestas pasarán a comisiones Colchado adelantó que ambos proyectos serán derivados a las comisiones de Defensa y Orden Interno y de Justicia de la Cámara de Diputados, donde deberán ser analizados y debatidos antes de continuar con el procedimiento legislativo. Las iniciativas buscan modificar las herramientas legales disponibles para investigar y perseguir a las organizaciones dedicadas a la extorsión y otros delitos violentos.