Los inspectores de la Superintendencia National de Fiscalización Laboral (Sunafil) acatan desde el 26 de octubre una medida de protesta de carácter indefinido, en rechazo a la reducción de sus competencias fiscalizadoras, el despido de dos trabajadores y las limitaciones para supervisar a las microempresas.Guillermo Córdova Fernández, delegado del Sindicato de Inspectores de Sunafil Tarapoto y supervisor inspector, señaló que la medida busca defender los derechos laborales de los trabajadores de la región San Martín, quienes, según advirtió, podrían quedar desprotegidos ante la disminución de la capacidad de fiscalización de la entidad. El dirigente sindical sostuvo que el despido de dos inspectores en julio formaría parte de un proceso de reducción de personal y cuestionó que se hayan retirado competencias para fiscalizar a las microempresas. Asimismo, expresó su preocupación por la reducción de inspectores y las restricciones que, según indicó, dificultan la atención de denuncias laborales. Córdova Fernández afirmó que los trabajadores de las microempresas también necesitan mecanismos efectivos para hacer respetar sus derechos, especialmente ante posibles incumplimientos de obligaciones laborales, como el pago de remuneraciones. En ese sentido, precisó que los inspectores exigen la restitución de sus competencias y la recuperación de su capacidad fiscalizadora. Advirtió que, de no obtener una respuesta favorable, las protestas podrían continuar e incluso trasladarse a Lima. El representante sindical también cuestionó las decisiones del Ministerio de Trabajo y manifestó su preocupación por las propuestas que, según señaló, podrían profundizar la reducción de las funciones de fiscalización laboral. El delegado recordó que los inspectores ya protagonizaron medidas de lucha en años anteriores para defender la fiscalización del sector informal. Por ello, aseguró que continuarán movilizándose para evitar que se debilite la supervisión de las condiciones laborales. La protesta pone en el centro del debate la capacidad del Estado para fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, particularmente en las microempresas, y garantizar que los trabajadores puedan denunciar irregularidades y exigir el respeto de sus derechos. Hasta el momento, las afirmaciones sobre los despidos, la reducción de personal y las limitaciones de fiscalización corresponden a la versión del representante sindical y requieren contrastarse con la posición oficial de Sunafil y del Ministerio de Trabajo. (César Guerra).