El Ministerio Público sostiene que Ernesto Peña Robalino habría recibido S/ 20,000 en dos entregas para intervenir en el destrobe de una obra vial. El juicio oral continuará el próximo 31 de agosto. El Ministerio Público solicitó ocho años de pena privativa de la libertad para el alcalde provincial de Moyobamba, Ernesto Peña Robalino, al iniciarse el juicio oral en su contra por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias agravado. El proceso también comprende al empresario Osmar Torres Díaz, acusado por delitos vinculados a presuntos actos de corrupción. La audiencia se inició el jueves 20 de agosto ante el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Moyobamba, en el marco de la acusación presentada por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Según la tesis fiscal, Peña Robalino habría recibido dos pagos de S/ 10,000 cada uno, que alcanzarían un total de S/ 20,000, con la finalidad de intervenir para facilitar el desarrollo de una obra vial ubicada en el jirón Trujillo. De acuerdo con la acusación, el primer pago se habría realizado el 31 de diciembre de 2022, en la vivienda del entonces alcalde electo, antes de que asumiera oficialmente el cargo. La segunda entrega se habría producido entre el 11 y 13 de enero de 2023, al interior de un vehículo. La Fiscalía sostiene que estos pagos habrían tenido como propósito que Peña Robalino ejerciera influencia sobre funcionarios municipales para destrabar la ejecución de la obra vial. En el mismo proceso, el empresario Osmar Torres Díaz enfrenta acusaciones por cohecho activo genérico, instigación al tráfico de influencias y falsedad genérica. Según el Ministerio Público, habría entregado los presuntos sobornos mediante un intermediario relacionado con el alcalde. Asimismo, la Fiscalía atribuye al empresario la presunta presentación fraudulenta de los currículums de dos ingenieras, quienes no habrían autorizado el uso de sus documentos, con el objetivo de favorecer la participación en la licitación de la obra mencionada. Durante la audiencia fueron expuestos los alegatos iniciales de las partes. Posteriormente, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Moyobamba dispuso la suspensión de la sesión y fijó como nueva fecha el 31 de agosto, cuando está previsto que se inicie el interrogatorio de los peritos y testigos considerados relevantes para el esclarecimiento de los hechos. El caso continuará su curso judicial mientras el Ministerio Público busca acreditar las imputaciones formuladas contra los acusados. La responsabilidad penal de ambos deberá ser determinada por el Poder Judicial mediante una sentencia.