Una intervención policial realizada la noche del sábado 29 de agosto en la ciudad de Tocache terminó con dos personas intervenidas por registrar requisitorias vigentes. Entre ellas se encuentra Jhuliana Carrión Mesarres, de 32 años, quien participa como coordinadora regional de campaña de Jorge Panduro, candidato de Alianza para el Progreso (APP). El operativo se realizó alrededor de las 10:00 de la noche en las inmediaciones de la cuadra 15 del jirón Fredy Aliaga, cerca de la discoteca Tokio. Personal de la División de Orden Público de Tocache y de la Comisaría PNP Tocache efectuó el control de identidad y verificó la situación de las personas intervenidas mediante el sistema E-SINPOL. De acuerdo con la información policial, Carrión Mesarres registraba una requisitoria vigente por el delito contra el honor, en la modalidad de difamación. La orden judicial habría sido emitida por el Juzgado Penal Unipersonal de Tocache y corresponde al expediente N.° 235-2025, con documento de fecha 21 de julio de 2026. Otra persona intervenida Durante la misma intervención también fue detenido Alin Cartagena Isuiza, de 40 años. Según el reporte policial, registraba dos requisitorias vigentes por el presunto delito de omisión de prestación de alimentos. Las órdenes habrían sido solicitadas por el Juzgado Penal Unipersonal de Tocache y corresponden a los expedientes N.° 961-2024 y N.° 738-2025, con documentos emitidos el 27 de mayo y 6 de julio de 2026, respectivamente. Tras las verificaciones correspondientes, ambos intervenidos fueron trasladados a la Comisaría PNP de Tocache y posteriormente puestos a disposición de la sección de Policía Judicial para continuar con las diligencias establecidas. Caso queda en manos de las autoridades. La intervención de Carrión Mesarres cobró especial atención debido a su participación en la campaña electoral de Jorge Panduro, en un contexto marcado por el inicio de las actividades políticas con miras a los próximos comicios. No obstante, la existencia de una requisitoria vigente no equivale a una sentencia condenatoria. Se trata de una orden emitida por una autoridad judicial que debe ser atendida mediante el procedimiento correspondiente. Las autoridades policiales continuarán con las diligencias para poner a disposición de los órganos jurisdiccionales a las personas que registren requisitorias pendientes.