En un amplio operativo conjunto, la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de San Martín y la Policía Nacional del Perú lograron la desarticulación de la organización criminal “Los Piratas”, integrada por miembros en actividad y en retiro de la institución policial. Durante la intervención, las autoridades incautaron 1,845 soles en efectivo, 18 celulares, 8 armas de fuego, dos vehículos, 281 municiones, entre otros bienes que servirán como elementos de prueba para la investigación fiscal. El operativo fue autorizado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Saposoa (Huallaga) y permitió la detención de 19 personas, entre ellas 12 efectivos policiales y 7 civiles. De manera simultánea, se realizaron acciones en las regiones Amazonas, Lima y Loreto, así como registros en once celdas de los penales de Tarapoto, Moyobamba, Iquitos y Bagua, donde se encuentran recluidos otros presuntos integrantes de la red criminal. Según las investigaciones, el presunto líder de la organización sería Carlos Miguel Gamarra Pérez, actualmente recluido, quien integró el grupo “Terna” Tarapoto y otras subunidades de inteligencia de la PNP en la región San Martín. De acuerdo con fuentes policiales, la organización estaría vinculada a diversos delitos, entre ellos: El asesinato del empresario Jorge Ambrosio Rengifo (2020). El robo agravado y homicidio del cambista Hernán Guido Laynes Gonzales (2022). El asalto con lesiones graves a un trabajador del grifo Micaela, en La Banda de Shilcayo (2023). El asalto al Banco de la Nación de Uchiza, ocurrido a inicios de este año. Entre los efectivos policiales detenidos figuran: Jarby Bautista, Arnold Inga, Antony García, Genix Pizango, Stanlees Coronel, Roly Coral, Robert Rengifo, Alex Ramírez, Carlos Príncipe, Yahir Barreto, Segundo Vásquez y Will Ushiñahua. Asimismo, los civiles capturados fueron identificados como Julián Sánchez, Lenin Cachay, William Ruiz, Jarry Ramos, Tylza Vallejos, Jeninfer Pérez y Gilmer Panduro. Las diligencias continúan a cargo del Ministerio Público y la División de Investigación de Criminalidad Organizada (Divincri) para determinar la responsabilidad penal de los implicados.