El gremio advierte que ampliar la concesión de Lima y Callao para llevar el servicio al centro y sur del país podría afectar la competencia y trasladar costos a los usuarios. También cuestiona la tasa de descuento considerada para las inversiones. La propuesta de ampliar la concesión de Cálidda para extender las redes de gas natural a siete regiones del centro y sur del Perú enfrenta cuestionamientos por el mecanismo previsto para ejecutar las obras. El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) sostiene que los nuevos proyectos deben someterse a licitaciones competitivas y no incorporarse mediante una adenda al contrato vigente de distribución de Lima y Callao. El pronunciamiento del gremio se produce en medio de las gestiones del Gobierno para concretar la expansión del servicio fuera de la capital. La iniciativa contempla una inversión superior a US$550 millones, la construcción de 3.700 kilómetros de redes y la atención potencial de más de 300.000 usuarios en 15 localidades de siete regiones: Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha planteado esta ampliación como una alternativa para extender el acceso al gas natural. Sin embargo, el CIP advierte que la urgencia de llevar el recurso a más localidades no debería justificar que se incorporen nuevas obras a una concesión existente sin evaluar mecanismos de competencia. CIP cuestiona el uso de una adenda para ampliar la concesión de Cálidda Uno de los principales reparos del colegio profesional es que una adenda contractual debería modificar o corregir aspectos de una concesión existente, pero no servir para encargar proyectos nuevos fuera de su ámbito original. En ese escenario, el gremio considera que las obras deberían adjudicarse mediante un procedimiento competitivo. El debate no se limita a la modalidad de contratación. El CIP advierte que modificar las condiciones de un contrato bajo el esquema BOOT —construcción, propiedad, operación y transferencia, por sus siglas en inglés— podría sentar un precedente para otras concesiones que también se encuentran bajo ese régimen. El colegio profesional sostiene, además, que la ampliación podría generar un subsidio cruzado entre los usuarios de Lima y Callao y los nuevos mercados regionales. Según su planteamiento, esa posibilidad debe evaluarse para determinar cómo se distribuirían los costos de la infraestructura y qué efectos tendría sobre las tarifas.